Tras el megadecomiso de más de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila, el gobierno federal ya investiga a cuatro empresas mexicanas y estadounidenses presuntamente involucradas en el caso.
Se trata de las empresas Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes, cuyos propietarios supuestamente tejieron una red para conseguir el traslado, paso por aduanas y almacenamiento de combustible de manera ilegal.
Los 129 carrotanques detenidos en Coahuila, que en total contenían 15 millones 480 mil litros de diesel, gasolina y destilado de petróleo, tenían sellos con la leyenda Lambrucar, empresa con sede en Houston, Texas, Estados Unidos, que al mismo tiempo cuenta con sucursales en las ciudades de Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro.
En su página de internet, Lambrucar se oferta como una empresa dedicada a la importación y comercialización de hidrocarburos, productos petrolíferos y químicos, con experiencia de más de seis años en el mercado: “Confiabilidad y seriedad en todas nuestras operaciones, contamos con todo el respaldo logístico, aduanero, fiscal y legal para cada una de nuestras importaciones”.
Los carrotanques, decomisados en dos acciones distintas, corresponden al pedimento con número 252436775006049 de la empresa Ingemar S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México y que se presenta al público como “una empresa 100% mexicana dedicada a la importación y comercialización de gasolinas y diesel”.
Esa compañía fue constituida en 2018, y durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se le entregaron los permisos necesarios para importar diesel y gasolina a territorio nacional. Entre los socios de Ingemar destacan José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro, y el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
En el caso también está involucrada la empresa Belar Fuels, con sede en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, que es el principal proveedor de Ingemar.
De acuerdo con las indagatorias, Belar Fuels facilitaba el ingreso del combustible por la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las investigaciones también involucran a Industriales Fundentes, con sede en Saltillo, Coahuila; sin embargo, no existen registros públicos de la firma.